Se establecen las bases para el funcionamiento de la Justicia Cívica en el Estado: diputada Cristina Márquez

Aprueban la Ley de Justicia Cívica del Estado

Guanajuato, Gto., a 25 de marzo de 2021.- El Pleno del Congreso local aprobó la iniciativa de Ley de Justicia Cívica del Estado de Guanajuato formulada por el Gobernador del Estado, “con lo que se establecen las bases para la organización y el funcionamiento de la Justicia Cívica en el Estado de Guanajuato”, dijo la diputada Cristina Márquez Alcalá.

Explicó que “la Justicia Cívica tiene como objeto la prevención del delito, pues evita que los conflictos deriven en conductas violentas o delictivas, fomentando, a la vez, la cultura de la paz”.

Señaló que, con esta reforma, se busca pasar del proceso actual de atención y sanción de faltas administrativas, a la incorporación de una visión de justicia con enfoque restaurativo, que procura facilitar y mejorar la convivencia en una comunidad y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia.

De esta manera, se establecen las acciones que deberán llevar a cabo las autoridades estatales y municipales para acercar mecanismos de resolución de conflictos.

Destacó lo relativo a las sanciones de trabajo a favor de la comunidad, “con lo que se modifica el tratamiento tradicional que se le da a las faltas administrativas, pues se transita de una visión punitiva o de castigo de las conductas contempladas como faltas administrativas a una visión restaurativa que busca identificar los riesgos de escalamiento del conflicto y contribuir a la atención, mediante asistencia especializada, a las causas subyacentes que originan estas conductas”.

Cabe señalar que el diputado José Luis Vázquez Cordero se reservó dos artículos relativos a las sanciones a quienes cometan infracciones contra la seguridad ciudadana.

En tanto, la diputada Reyna Guadalupe Morales Reséndez formuló una reserva a artículos relativos a la adecuación o implementación de los órganos encargados de impartir justicia cívica, y el plazo para el funcionamiento del registro de infractores.